In fraudem Legis: Cuando la ley defrauda

Por Antonio Moreno Obando

Las máximas autoridades de nuestro Gobierno han sostenido públicamente el malestar que les provoca el actual ejercicio del derecho en Chile. Por una parte el Ministro del Interior desde hace algún tiempo pone de manifiesto ante la opinión pública sus apasionados intentos por hacer justicia, apremio que se transmuda en impotencia al encontrar siempre un aplazamiento del acto punitivo por parte de quien juzga. En sus últimas apariciones públicas la queja del Ministro se tomó del fallo en el caso Pitronello: ¡cómo es posible que portar una bomba no sea terrorismo! Más allá de las dificultades técnicas que puedan existir en el diseño y redacción de la ley anti-terrosita, el Ministro parece apuntar a un sentido común que por alguna razón no queda expresado en la materialidad de la redacción de la ley; lectura estrechamente apegada al soporte instrumental del lenguaje, in verba legum, dirimiendo según el estricto significado aunque se aleje del sentido de una de las partes, en este caso, del Estado.

Por otra parte, lo que comenzó como un parafraseo del presidente Piñera sobre la “inseguridad jurídica” que sienten los inversionistas extranjeros para explotar recursos naturales en Chile, terminó en horas de la tarde con una seguidilla de quejas proferidas por distintos ministros a través de los medios de comunicación a propósito de la “racionalidad” del fallo que detiene por el momento el proyecto Castilla. Nuevamente aparece el mismo malestar porque los intereses de los personeros de gobierno no quedan representados: ¡pero cómo es posible que se detenga la inversión si los estudios ambientales cumplen la normativa! Nuevamente se piensa en mejorar la legislación ambiental, considerando la lenta y cada vez más crítica implementación de los tribunales ambientales, porque según nuestro más alto equipo gobernante, la aplicación de la ley en Chile defrauda los intereses del país en la ceguera de Themis buscando un significado.

Pero pensar en los intereses del país en su conjunto es también leguleyo. La República de Chile no tiene un interés común, o un sentido común compartido por todos, todo lo contrario; hoy en día nuestra comunidad nacional pasa por sus momentos de mayor heterogeneidad. Es que los intereses y las satisfacciones pulsionales que nos movilizan tienen muy distintos destinos y posibilidades.

Los defraudados por la ley son aquellos que ven a través de un artilugio, una posposición de la satisfacción de su interés en beneficio de la satisfacción de otro. Todo pareciera calzar en la simetría de los imperativos categóricos kantianos si acaso todos tuviéramos los mismos intereses como país, pero el caos libidinal de una comunidad llena de diferencias provoca un impredecible cruce de cuerpos, agenciados todos de distintas manera en los discursos. Es que aunque lo queramos, las posibilidades de satisfacción no son las mismas para todos.

In fraudem Legis es un latinismo proveniente del derecho romano, que como concepto hoy tipifica un “fraude de ley." No como el Fraus Legis Facta que es “defraudar a la ley," sino que es cuando la ley misma defrauda. El jurista Henrich Honsell describe el fraude de ley como un rodeo del sentido que no violenta las palabras. El fraude de ley ocurre cuando la materialidad de la palabra sirve de pretexto para un rodeo de sentido que encubra una satisfacción de interés en particular. Es cuando la ley en su literalidad va contra el espíritu de la ley, cuando el sentido que inspiró su redacción no queda representado en la sintaxis de la lectura vendada de la justicia.

Lejos de tratar de aducir fraude de ley en los fallos recientes, impresiona la fuerte disonancia que produce en nuestro Gobierno la distancia entre el significado de las palabras y el sentido. Al parecer están viviendo en carne propia esos momentos en los cuales la racionalidad del discurso no logra producir sentido en los sujetos.

Muchas veces los psicoanalistas deben intentar esa ceguera al pie de la letra para provocar en sus analizantes el reordenamiento del sentido que lo aferra problemáticamente a una determinada satisfacción pulsional. Los avatares del rompimiento del sentido en un sujeto solo se deben a sus particulares caminos de satisfacción y la brújula debería ser su sufrimiento (aunque no siempre los psicoanalistas se orienten así).

¿Qué significa que los gobernantes e inversionistas de un país no le encuentren sentido a los significados de la ley y sus fallos para satisfacer sus intereses? Nuestros políticos e inversionistas claman por una lectura teleológica de la ley, esto quiere decir, no importa tanto el significado de la ley, lo importante es si se cumple el fin que persiguen o no.

Así los discursos políticos sostienen su sentido y claman representación en la interpretación de esa ley, generando lazo social desde sus posibilidades de satisfacción.

Si la satisfacción que se pone en juego es traer dinero para intervenir un espacio natural de bienes escasos de manera artificial para generar capital privado y así ofrecer un servicio que satisfaga a un cliente que debe pagar dinero por él, el sentido de la ley que regula debe procurar que no se contamine en forma excesiva pero que se logre el fin del desarrollo privado energético del país.

Si la satisfacción es desarrollar el negocio de los medicamentos, generar capitales privados a cambio de un excelente servicio el cual hay que pagar desde luego, para así dar mayor cobertura en tratamientos y más riqueza al país, entonces la ley debe permitir que el dinero retorne asegurando la inversión privada, aunque pague multas por colusión de precios equivalentes a un 2,5 por ciento de las utilidades.

Si la satisfacción es tener una educación competitiva y de calidad, utilizando la visión y el talento de los emprendedores, la ley debe permitir que el mercado de la educación privada genere el suficiente capital como para financiar gastos en becas para pobres, siempre y cuando las condiciones de la demanda se mantengan, permitiendo así la rentabilidad necesaria para el desarrollo del sector.

Si la satisfacción es sacar de la calle a los bandidos que rompen todo por no tener ni el rigor, ni el talento, ni la visión de un joven emprendedor, entonces la ley debería darnos la fuerza para coaccionar lo suficiente y así tratar con orden los temas desde el parlamento binominal, sistema estable y exitoso desde el cual Chile ha generado nuevos mercados.

Pero ¿Qué pasa cuando la ley defrauda a sus custodios y detienen el acto de esta modalidad de satisfacción? ¿Tendrá ahora el ciudadano de a pie la posibilidad de poner sus propios sentidos en un espacio público y así incorporar sus modos de satisfacción?

Y si estas vías libidinales pedestres no tienen la posibilidad de generar nuevas modos de satisfacción y deben ajustarse a la oferta de nuestros inversionistas y gobernantes ¿Qué deben hacer con el resto fuera de la oferta? ¿Quizás nuevos mercados?

¿Puede sentirse defraudada de la ley la querida chusma que no es parte en tanto particulares en los litigios contra los que infringen la ley y no pagan?

¿Hay fraude de ley cuando la norma ambiental se cumple y contamina con ferocidad en Ventanas, cuando la ley de educación se redacta inclusiva y segrega, cuando la ley anti-discriminación no opera siempre respecto a nuestras etnias o sexualidades, cuando alguien es parte de un sistema político democrático y no lo representa?