Por Antonio Moreno Obando
Ayer jueves el ministro del interior Andrés Chadwick nos comunicó su nuevo pesar a través de los medios de comunicación. Esta vez la causa fue la determinación de la corte de apelaciones de Temuco, la cual a través de un dictamen del juez, readecuó la medida cautelar interpuesta contra Emilio Berkhoff apegándose esta vez al tenor de los cargos presentados. De esta readecuación resultó el levantamiento de la prisión preventiva que caía sobre el imputado y el inesperado efecto comunicacional de su liberación, a penas días después de ser acusado con gran publicidad en los medios como el líder de un movimiento armado mapuche.
El martes pasado escuchábamos en una entrevista al canal 24 Horas al diputado Iván Moreira afirmar sobre el hasta entonces detenido: “¿usted cree que una persona que participa de la CAM (Coordinadora Arauco-Malleco) y tiene un arma es un bebe de pecho?, pregunta Moreira a la periodista retórico y enérgico a propósito de las presunciones de falta de pruebas que existían para esta acusación impulsada por el Ministro a través de las Policías.
Acerca de este revés en su deseo de justicia, Chadwick con la elocuencia de su anterior cargo como vocero, refiere en conferencia de prensa: "Sentimos la carga pesada cuando la justicia no nos colabora"
En esta frase, el fundamento de la presunción de inocencia de nuestro sistema de justicia se interpone como un serio problema de eficacia, sistema que concebido hoy en día como un proceso productivo, debe obtener por resultados castigos como insumos para los requerimientos emanados de la planificación estratégica del Poder Ejecutivo. Es que en la lógica del emprendedor liberal, la disposición adecuada de los recursos hace que los esfuerzos logren capitalizarse en metas concretas; pero dichas metas operan acá igual que en el mundo privado como una forma de coordinar acción a favor de un deseo particular y privado.
En la esencia del espíritu liberal, está el derecho personal a tener algo que los otros no tienen. La libertad de tener lo que yo quiera primero que el otro debe estar garantizada por el Estado; lo público en este caso opera generando la suficiente confianza para que todos los individuos libres puedan arreglárselas para tener todo lo que se propongan en forma competitiva.
Si en este diseño la función social tiene algún sentido, es para lograr que el mercado de iniciativas privadas permita la entrada segura a todos quienes quieran a la competencia, generando en la suma de sus producciones la riqueza suficiente para la felicidad de los ciudadanos. Si el estado por alguna razón deja de velar por este afán de libertad privada en función de algún intangible fundado en la ideología comunista u otra abstracción impracticable por la realidad del mercado, la estrategia del Estado liberal tiene solo dos caminos: o cae en el error o simplemente en el mal manejo.
Desde esta mirada se puede entender cómo un Director de Servicio, Gerente, Senador, CEO o Ministro no logre entender que una sociedad deba gastar recursos y tiempo en proteger los derechos de todos por igual y que para juzgar a alguien se deban cumplir con todas aquellas formalidades que permiten el lazo social.
Al margen de la eficacia de un diseño organizacional, todas aquellas demandas que el Estado deja a la voluntad del mercado y quedan excluidas de la satisfacción prometida, se transforman en actos; la diferencia es que en el mundo privado estos actos de violencia son entendidos como competencia y en el mundo público son entendidos como una vulneración de derechos.
El gobierno liberal propone una estrategia en la cual la garantía por los derechos de todas las personas es una pérdida de tiempo al perder la perspectiva de una adecuada focalización, y los intereses del Estado se desnaturalizan en base a una especie de ensoñación diurna de algunos desviados que imaginan un mundo que intenta regular la ambición de las personas a favor de un concepto difícil de medir como por ejemplo un trato mejor.
Cabe también asociar libremente en este punto los otros dos temas jurídicos que llenan profusamente nuestra prensa:
Por una parte la defensa corporativa sobre el director de impuestos internos Julio Pereira, acusado por la opinión pública y no por Estado, por su conflicto de intereses. El acto parece hablar por si solo: tener por cliente en la esfera privada a quien le descuento impuestos en la esfera pública. En una posible tesis del poder judicial estratégico dentro de la cadena productiva de un gobierno liberal, sería absurdo condenar algo así: la meta es mantener saludable la competencia de nuestros mercados, las pruebas de un posible conflicto de intereses no tienen valor porque el fondo de la obra de este funcionario es por lejos superior a la pequeñez de los medios que utilizó para conseguirlas. Qué duda cabe el enorme aporte de Pereira a la credibilidad de nuestro Mercado, aunque suene feo para algunos, así es el mundo no hay que ser resentido.
Pero se deja ver con mayor claridad esta posición sobre la justicia en un caso de farándula como la acusación de abuso sexual de un animador de televisión contra una menor en un Casino, se cuela en la prensa y en el boca a boca un análisis que no se hace sobre los temas políticos pero que apunta a los mismos nudos sobre la legitimidad del mismo modo como Freud describió el mecanismo del desplazamiento que hace un sujeto de su trabajo del sueño, desfigurándose en imágenes inofensivas para sortear la censura de la consciencia: Hasta donde la opinión pública logra informarse, aparece el deseo de una mujer poniendo desde su particular visión de la realidad su deseo de justicia, solo que a pesar del otro, justicia que quizás tiene en su biografía un sentido y un fin posible, pero que en su medio para lograrlo no escatima en transgredir al otro, incorporando dentro de su goce la precaria posición de la ley.
El mensaje que asoma dice de un deseo que no necesita una prueba legal para poner en juego el impulso de destruir a su semejante, donde la convicción por saciar sus impulsos es tan urgente que hace irrelevante e ineficiente la búsqueda de un litigio que sea de intermediario como pacto social.
